Entre las novedades que plantea la nueva normativa, la novena que se ha convalidado este año, se encuentra la creación del nuevo Patrimonio etnográfico, que preservará aquellos bienes testimonio y expresión de la identidad, cultura y formas de vida tradicionales, como la arquitectura religiosa, cruces, núcleos históricos antiguos o relojes de sol anteriores al siglo XX, entre otros.
La nueva regulación, más moderna y eficaz, integra también la investigación y educación, para garantizar la transmisión adecuada de este legado a las futuras generaciones, al tiempo que fomenta su disfrute y conocimiento por parte de las actuales. Con todo ello, configura un nuevo régimen legal, que ha contado con numerosas aportaciones del Consejo Regional de Patrimonio Histórico y las asociaciones más representativas en este ámbito.
Por un lado, esta norma fija los principios de actuación para las administraciones públicas (vertebración del territorio, respeto a la pluralidad del patrimonio, accesibilidad o transversalidad) y se delimitan las competencias de la comunidad autónoma, los municipios y los órganos consultivos, con el objeto de clarificar y ordenar su actuación en la materia.
Partipación ciudadana
Además, la nueva legislación fomenta la participación ciudadana y el protagonismo de las llamadas comunidades patrimoniales. A este fin, se reconoce el papel de la sociedad civil en materia de su conservación y puesta en valor, regulando el acceso público a los registros de bienes culturales protegidos, entre otras acciones.
Este proyecto de ley, aprobado por el Ejecutivo autonómico en octubre del año pasado, establece ahora tres niveles de protección, añadiendo un tercero, junto a los Bienes de Interés Cultural (BIC) y los de Interés Patrimonial (BIP), el de los Catalogados, que cuentan con valores históricos y culturales, integrando el patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Se introducen también nuevas categorías de bienes inmuebles, como la de sitio científico o itinerario cultural, y se crea el Catálogo de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, que pasa a incluir todo tipo de bienes protegidos, y no sólo los inmuebles como sucede en el actual Catálogo Geográfico Regional. Asimismo, determina el papel de la Administración autonómica y los ayuntamientos como garantes de su custodia, ampliando y graduando las conductas sancionables.
Profesionalización de las actuaciones
En materia de investigación, la Comunidad de Madrid aumenta la colaboración de las universidades, administraciones locales y otras entidades, y prevé también la protección frente a situaciones de emergencia o el fomento de la metodología de la conservación preventiva.
Finalmente, la ley aprobada hoy en el Parlamento autonómico destaca el refuerzo de la profesionalidad en las actuaciones que afectan a los bienes protegidos, estableciendo que las intervenciones en BIC y BIP requerirán de un proyecto técnico suscrito por un profesional competente; prevé que las intervenciones en bienes muebles catalogados sean realizadas por expertos cualificados en conservación y restauración, y recoge que la dirección de las actividades arqueológicas y paleontológicas recaiga en una persona cualificada.
