Las Administraciones Públicas deben garantizar la calidad de la formación dirigida a los profesionales sanitarios, constituyendo una pieza clave a estos efectos, la incorporación de un adecuado sistema de acreditación de la formación. La acreditación tiene por finalidad asegurar que la acción docente cumple unos requisitos mínimos en cuanto a la calidad de su diseño, además de conceder unos créditos de formación continuada a los profesionales que la realizan y orientar en lo posible la formación continuada a las necesidades del sistema sanitario.
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