En muchas ocasiones las empresas ofertan sus productos a través de distintas páginas web según el país al que dirijan sus ventas. Por ello una misma empresa puede vender sus productos a través de una página belga, a través de una página española o alemana.
Como el idioma ya no suele ser un obstáculo, hay clientes españoles que pueden preferir comprar un determinado artículo en la página alemana, quizá porque el precio sea más barato en dicha página. ¿Pueden hacerlo? La respuesta es sí.
Anteriormente podían bloquearse las páginas web de manera, que una empresa solo pudiera vender sus productos a consumidores residentes en el país al que iba dirigida la oferta, pero desde que se aprobó el Reglamento 2018/302, de 28 de febrero, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado, esta práctica está prohibida y las empresas deben permitir que el consumidor elija y decida bajo qué precio y qué condiciones prefiere adquirir el producto o servicio.
Según este reglamento, los proveedores de servicios de contenido online de pago deberán garantizar que sus clientes, aun en otro estado miembro de la Unión Europea, tengan acceso al servicio en las mismas condiciones a las que tienen derecho en su estado de residencia. No pueden por tanto bloquear o limitar el acceso a sus interfaces en línea (páginas web, aplicaciones móviles).
Estas prácticas se habían desarrollado por parte de las empresas sobre todo, para evitar elevados costes de envío, distintas exigencias legales según los países, cuestiones tributarias, o evitar cumplir con los requisitos lingüísticos.
Las empresas recurrían a distintas fórmulas para geolocalizar al cliente. Por ejemplo, detectando:
¿Qué conductas están prohibidas en el geobloqueo?
Dentro del geobloqueo, hay distintas prácticas que están prohibidas por el reglamento:
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