De los cerca de 3.700 niños tutelados por el Gobierno regional, el 60% vive en familias de acogida y el 40% restante en alguna de estas instalaciones, que cuentan ya con un protocolo de trabajo para generar en ellos un espacio seguro de participación, expresión y desarrollo.
“El objetivo de este modelo es realizar un cambio de paradigma para promover activamente el respeto mutuo, la dignidad, la convivencia democrática, la solución pacífica de conflictos, el derecho a la protección, la igualdad de oportunidades y la no discriminación”, ha subrayado Dancausa.
Así, cada centro deberá contar con una evaluación inicial y un mapa de riesgos que ofrezca propuestas concretas de intervención, además de un código de conducta que especifique qué se espera y qué deben evitar los distintos perfiles vinculados, incluidos los menores y sus familias. También tendrá un protocolo que defina las pautas a seguir en los casos de violencia, un programa de formación en buen trato y un plan de evaluación y mejora continua.
El modelo recoge la figura del Coordinador de Buen Trato como persona responsable de prevenir, detectar y gestionar los riesgos y conflictos que puedan surgir. También se establece el deber de dotar a los menores de personas referentes y medios para comunicar, sin riesgo, las posibles situaciones de violencia.
Cada centro dispondrá, además, de un Manual de Gestión que recogerá las pautas y procedimientos para la gestión del Modelo de Entornos Protectores, y se habilitarán espacios y fórmulas para la participación de todos los miembros de la red interna, incluyendo a los menores usuarios del mismo.
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