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Díaz Ayuso conmemora el 450 aniversario del Colegio de Procuradores de Madrid destacando su “defensa cerrada” del Estado de derecho

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La jefa del Ejecutivo madrileño ha recordado cómo el Colegio, ya al inicio, publicó un comunicado “intachable” donde anunció desde ese mismo momento “su intención de ejercitar cuantas acciones estén en su mano en defensa de la Constitución y de los principios del Derecho de la Unión Europea en el firme convencimiento de que, sin respeto, la separación de poderes la democracia está en peligro”.

Y es que, según ha indicado Díaz Ayuso, “nadie como los procuradores entiende la importancia de proteger el Estado de derecho” y que para lograrlo se necesita “garantizar el estricto respeto de las leyes y la independencia judicial”. También ha resaltado su papel como “parte indispensable en el delicado engranaje entre las personas y la justicia”. “Conocen como nadie los secretos del derecho procesal y garantizan el funcionamiento de los órganos judiciales”, ha añadido.

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El Colegio de Procuradores de Madrid, que cuenta con 1.506 profesionales para representar legalmente a los ciudadanos ante los tribunales de Justicia, es la más numerosa del país por delante de la Barcelona (564), Valencia (547) y Sevilla (461). El ICPM fue creado oficialmente en 1841. Sin embargo, sus orígenes se sitúan en una hermandad constituida en 1574. Por este motivo, conmemorará este año su 450 aniversario.

Díaz Ayuso ha visitado sus instalaciones de 1.600 metros cuadrados en pleno distrito madrileño de Tetuán, un espacio donde poder desarrollar sus servicios colegiales, con estancias amplias, cómodas y accesibles para trabajar, recibir formación y atender a otros operadores jurídicos, funcionarios judiciales, clientes o personas que lo precisen.

Procuradores de guardia

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El Ejecutivo autonómico y la procura madrileña tienen una consolidada y estrecha relación de colaboración institucional con iniciativas como los procuradores de guardia, que permiten a las víctimas de delitos de violencia contra la mujer y de odio contar con los servicios de un profesional de este ámbito desde el mismo momento en el que interponen la denuncia, lo cual agiliza el proceso.

En esta línea, el Gobierno regional también trabaja para mejorar la retribución de los profesionales que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita, actualizando gradualmente los módulos y las cuantías de los baremos tanto a procuradores como a abogados. A día de hoy las tarifas se encuentran por encima de las aprobadas por el Ministerio de Justicia. En concreto, un 85% en los procedimientos penales, un 39% en los civiles y un 58% en las apelaciones.

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Además, la Comunidad de Madrid desarrolla desde 2019 el Plan Justicia 21×21, que trabaja en la unificación, modernización y humanización de las infraestructuras de los 21 partidos judiciales. En estos cuatro años, el Ejecutivo autonómico ha inaugurado las nuevas sedes de Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Valdemoro. A estas se unirá próximamente la de Getafe.

Por otro lado, la futura Ciudad de la Justicia de Madrid reunirá en una sola parcela ubicada en el distrito de Hortaleza las 26 sedes judiciales repartidas en la actualidad por la capital. Para ello, licitará el proyecto antes de abril e invertirá un total de 682 millones de euros con el objetivo de que las obras estén terminadas en 2028.

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