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La Comunidad de Madrid firma un nuevo acuerdo para mejorar las condiciones económicas y laborales de sus funcionarios de Justicia

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García Martín ha destacado que “el texto es todo un éxito para el sector porque aporta seguridad y tranquilidad a los trabajadores, mayor eficiencia en la Administración de Justicia, y una mejora en el servicio público que recibe el ciudadano”. Además, ha resaltado que “el pacto se ha alcanzado por unanimidad de todos los sindicatos, cuyos asociados respaldaron el documento final con una aprobación de hasta el 90%”.

Las negociaciones entre el Gobierno regional y los representantes de los empleados públicos se cerraron con un preacuerdo en la Mesa Sectorial el pasado 15 de enero. En concreto, con el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia -STAJ-, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios -CSIF-, Comisiones Obreras -CCOO-, Unión General de Trabajadores -UGT- y DJUSTICIA.

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El documento aprobado durante la reunión del último Consejo de Gobierno estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. El texto engloba incrementos en los salarios y en las plantillas, así como medidas que permiten conciliar la vida familiar con la laboral. Todas ellas representan una inversión Ejecutivo autonómico superior a los 20 millones de euros.

Los 7.224 funcionarios de la Administración de Justicia de la región se beneficiarán de un aumento de entre 160 y 170 euros mensuales. Se aplicará gradualmente: en 2024 el complemento autonómico subirá un 50%, en 2025 un 75% y en 2026 se alcanzará el 100%. Esta medida supone para la Comunidad de Madrid 14.416.020 euros.

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El documento también recoge más personal en la Administración de Justicia con el objetivo de mejorar la prestación de un servicio ágil y de calidad. Así, se crearán cuatro puestos adscritos a la Oficina de Fiscalía, diez al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y 88 en distintos órganos judiciales de la región. En este ámbito se incluye la consolidación de los refuerzos que se acrediten como estructurales y nuevas oficinas de decanato en los partidos judiciales de San Lorenzo de El Escorial y de Torrelaguna. Estas iniciativas representan 4.267.992 euros de inversión desde el Gobierno madrileño.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico y los sindicatos han establecido destinar 1,5 millones para extender al colectivo las acciones sociales de la Comunidad de Madrid. Se irán negociando cada año.

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